SOCIEDAD Y CULTURA

Revista El Magazín de Merlo, Buenos Aires, Argentina.



lunes, 16 de abril de 2018

Apartarían a los funcionarios nacionales y provinciales con cuentas offshore,

Si el dinero acumulado en una cuenta offshore, es de una empresa legitima que pago sus impuestos, ¡bien! pero si es un funcionario público y no puede demostrar de donde lo obtuvo, ¡mal! debe ser juzgado por Traición a la Patria y ladrón común.

La diputada Giaccone sostuvo que quienes “constituyen o participan de estas empresas lo hacen con ventajas personales perjudicando a nuestro país y a nuestra provincia, ya que cuentan con beneficios como la exención del pago de impuestos”.

En este sentido, la legisladora de la cuarta sección electoral, explicó que se estipula que con la cantidad de cuentas argentinas en empresas offshore, “el total de impuestos que el Estado nacional no cobró equivale a casi tres veces al presupuesto educativo de este año y casi ochos veces el presupuesto de salud.”

Asimismo agregó que “no podemos permitir que quienes participen de estas cuentas perjudicando el país y la provincia, sean funcionarios del Estado contribuyendo a aumentar la crisis financiera y desfinancien al país”.

Para ejemplificar Giaccone disparó contra funcionarios del oficialismo: La provincia de Buenos Aires no puede permitirse tener en su gestión un Luís Caputo, un Díaz Gilligan, un Jorge Macri o un Néstor Grindetti,  y Vidal es responsable de saber en qué situación están sus funcionarios”.

El proyecto, que busca dar transparencia a la función pública, modifica la ley 14.989 en el artículo que hacer referencia a incompatibilidades en cargos públicos y reconoce en sus fundamentos la necesidad de que la provincia sancione un régimen de ética publica como existe a nivel nacional y en provincias como: Santa Fé, San Juan, Chubut, Río Negro, Chaco, Jujuy y Santa Cruz.

En esta línea, Giaccone destacó que “esperamos que la Cámara de Diputados pueda tratar a la brevedad esta iniciativa como también el proyecto de Ética Pública que  presentamos hace años y está demorado su tratamiento en comisión. Creemos que es una ley necesaria en un contexto donde Cambiemos prometió transparencia y hoy es parte de varios hechos mal llamados conflicto de intereses”.

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