Si lo saben los medios, la gente, el Papa
Francisco, como es que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio
Un territorio liberado a seis kilómetros de la Casa Rosada. Así
calificó el diputado porteño Gustavo Vera la situación que se vive en la
villa 1-11-14, al denunciar que una organización narco de unos 1000 hombres,
entre ellos, 300 “soldados” armados para proteger la actividad ilegal, procesa
decenas de kilos de cocaína por día en por lo menos diez “laboratorios”.
El legislador del partido Bien Común
y presidente de la ONG La
Alameda, que mantiene un estrecho vínculo con el papa Francisco, presentó ayer
un informe en la
Legislatura porteña y afirmó que a pesar de haber
judicializado esos datos hace dos años, las autoridades nacionales no hicieron
nada para desarticular las bandas del Bajo Flores.Ese informe le habría servido de
sustento al Papa para afirmar, diez días atrás, que “la droga avanza” en la Argentina y que “también
se fabrican” estupefacientes.
Al margen de la denuncia, los habitantes de la
villa del Bajo Flores confirmaron que conviven con la creciente actividad del
narcotráfico. “Los «transas» se convirtieron en el Estado; hacen arreglar las
calles y los soldados de los narcos protegen el barrio. Acá la gente se siente
más segura con ellos que con la policía”, dijo al diario La Nación una referente de la villa 1-11-14 que
pidió que su nombre fuera mantenido en reserva por temor a represalias.
Sostuvo que allí se disputan el territorio, a
sangre y fuego extranjeros en su mayoría y locales. “El papa Francisco no se
equivoca cuando dice que ya no somos un país de tránsito. No se actúa por
complicidad o por cobardía. Los vecinos viven con terror porque estas bandas
tienen ramificaciones que generan un montón de episodios de inseguridad. Hay
que combatir el narcotráfico, que está creciendo en forma alarmante en la Argentina ”, expresó Vera.
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| Esta tan ocupado en ESTO, Mauricio Macri, que se olvida para que los contribuyentes lo votaron |
En la presentación del documento revivió, además,
una denuncia penal realizada en 2013 contra Nilda Garré y buena parte del
equipo que la acompañó durante el primer tramo de su gestión como ministra de
Seguridad de la Nación.
“Es una denuncia muy grave. Ya está judicializada
desde agosto de 2013, lo que pasa es que el juez federal Sebastián Ramos no ha
hecho nada; tampoco ha hecho nada la Corte Suprema , que ha sido alertada de que el
juez Ramos no ha hecho nada”, explicó Vera.
En
el centro de esta parafernalia se hallan las familias humildes de las villas de emergencia, a asto sumémosle la venta de
drogas en todo el territorio nacional. ¿Quien coimea tanto e inescrupulosamente
que no le importa la vida ni la salud de su pueblo, y tal vez de sus propios
hijos?
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